La Corte Constitucional devuelve la reforma pensional al Congreso para un último trámite

La Corte Constitucional de Colombia ha decidido este martes devolver al Congreso la reforma pensional, el principal logro legislativo entre las grandes transformaciones sociales que se ha propuesto el Gobierno de Gustavo Petro. El alto tribunal ha ordenado al presidente de la Cámara de Representantes repetir la última votación del proyecto para subsanar los vicios que ocurrieron durante el trámite legislativo, y hasta entonces la ley queda suspendida. La reforma debía entrar en vigor el próximo 1 de julio. Si nada cambia, lo hará uno o dos meses más tarde.

La plenaria de la Cámara de Representantes tiene ahora un plazo máximo de 30 días hábiles para cumplir el fallo, pero solo se contarán cuando el Congreso de la República se encuentre en sesiones. Este viernes 20 culminan las ordinarias y casi de inmediato, el ministro de Interior, Armando Benedetti, anunció la convocatoria a extraordinarias para surtir la votación que falta.

“La reforma pensional se ha salvado”, celebró el presidente Petro en sus redes sociales, pues existía la amenaza de una declaratoria de inexequibildiad que la hundiera por completo. “Le solicito a la Cámara de Representantes discutir a fondo el artículo que aprueba el texto del Senado y aprobarlo. La Cámara ha sacado la cara por las reformas sociales del Gobierno y del pueblo, y el Senado, con leve mayoría, comienza a reaccionar a favor”, valoró el presidente.

La Corte decidió un camino intermedio a pesar de que la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez proponía declarar la inconstitucionalidad total de la reforma. Entre las más de 40 demandas presentadas contra la reforma estaba una de la senadora opositora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que sostenía que se omitieron debates obligatorios en el Congreso. En el sentido contrario, el nuevo procurador, Gregorio Eljach, quien se desempeñó durante años justamente como secretario general del Senado, le había solicitado a la Corte declarar la constitucionalidad de la ley.

La reforma pensional transforma de raíz el sistema de pensiones para millones de colombianos. Para empezar, elimina la competencia que hay entre el fondo público y los fondos privados, que además tienen reglas diferentes para acceder a la pensión y definir su monto. Con el cambio, los dos regímenes se complementan en un único sistema, como en otros países del mundo, en el que todos los aportantes lo harán al fondo público hasta un tope de 3,3 salarios mínimos de ingresos. Los aliados del Gobierno suelen recordar, en especial, que crea un pago mensual orientado a sacar de la miseria a 500.000 adultos mayores. Se prevé que en 2025 ya serán tres millones los beneficiarios de un subsidio que es conocido en la ley como el pilar solidario.

El Congreso la aprobó en junio del año pasado, cuando la mayoría de la Cámara de Representantes decidió, por sorpresa y ante la falta de tiempo, acoger el texto del proyecto de ley tal como venía del Senado, con lo que se esquivaba una eventual conciliación. No hubo espacio para el debate ni para las modificaciones propuestas por los representantes. Esa decisión se logró gracias a una proposición firmada por congresistas del Pacto Histórico, la coalición de partidos y movimientos de izquierda que respalda al Ejecutivo, y algunos otros aliados. La oposición la consideró viciada desde ese mismo momento.

Hace un año, Petro sancionó la reforma con un acto simbólico en la Plaza de Bolívar, en el que participaron miles de adultos mayores pobres. El mandatario aprovechó ese escenario para pedirles que defendieran la reforma en caso de una decisión adversa de la Corte Constitucional. Desde entonces ha sido, además de una bandera política, un motivo de movilización para el Gobierno. El mandatario incluso convocó en septiembre la “marcha de las canas” para reivindicarla como un gran logro de su mandato. En su día, el Pacto Histórico pidió al “pueblo” salir a defender lo que calificó como “una de las mayores conquistas sociales en la historia reciente de nuestro país”.

Todos los focos están por estos días sobre la Corte Constitucional, que viene de renovar a tres de sus nueve magistrados en lo que va de este 2025. Ese recambio ha añadido incertidumbre en torno a sus posturas frente a varios asuntos de alta tensión política. A la esperada decisión sobre la reforma pensional –a pocos días de que empezara a regir– se suma, entre otros, el futuro del llamado “decretazo” con el que el Gobierno busca convocar directamente una consulta popular a pesar de que ya había sido rechazada por el Senado.