Gustavo Petro elige a Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha elegido a Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia. El ex fiscal general de la Nación (2012-2016) llega en reemplazo de Ángela María Buitrago, quien en abril pasado envió su renuncia irrevocable al jefe del Estado y denunció presiones del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora administrativa de la Presidencia, Angie Rodríguez, para nombrar personas en cargos directivos. Benedetti anunció una demanda en su contra por injuria y calumnia.

Montealegre, también exmagistrado de la Corte Constitucional, de 67 años, es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y doctor en Derecho Constitucional. Es una de las figuras jurídicas más conocidas del país y también ha actuado en el sonado juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde fue recibido como víctima de la presunta manipulación de testigos en la que consiste el caso. Su nombramiento llega en un momento crucial para el Gobierno de Petro, que mantiene un pulso con el Congreso por su intención de convocar una consulta popular por decreto para lograr una reforma laboral a través de las urnas. Varios críticos y opositores al Ejecutivo consideran que, con esa intención, anunciada el martes pasado en un Consejo de Ministros, el presidente estaría tomando atribuciones propias de la rama legislativa, que a través del Senado ya rechazó la consulta popular.

Montealegre forma parte del equipo jurídico del Gobierno que preparó el decreto presidencial. Según explicó en una entrevista con el diario El Espectador, el argumento principal del Ejecutivo es que el Senado incurrió en seis vicios de trámite en el momento del rechazar la consulta popular. Cuando existen esos vicios, según el futuro ministro, el reglamento del Congreso indica que el acto —en este caso, la votación— no tiene efecto alguno. “En el campo de la fundamentación jurídica, el decreto explica las razones por las que el trámite del Congreso, la votación específicamente, contrarió de forma manifiesta principios y valores de la Constitución”, dijo Montealegre. Ese decreto, que no ha sido expedido, requiere de la firma de todos los ministros.

El asunto de la legalidad del decreto del presidente para convocar la consulta popular es el debate jurídico de actualidad en Colombia, y en él la figura de Montealegre, con una trayectoria muy visible a cuestas, ha sido fundamental. Voces como la del senador Humberto de la Calle la han calificado de “amenaza grave contra el Estado de derecho”, mientras que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, considera que, de firmarse el decreto, se estarían “violentando” las leyes y la justicia del país. Desde el Gobierno lo han defendido como un ejercicio democrático en el que se deja en manos de la ciudadanía la decisión final. El ministro Benedetti, además, ha dicho que llevarán el decreto a la Corte Constitucional y que, si ese tribunal no la aprueba, acatarán la decisión “sin reparos”.

Fuera del asunto de la consulta popular, el ministro de Justicia hereda los mismos retos que ha tenido esa cartera a lo largo de la actual Administración: buscar soluciones a la crisis carcelaria —que incluye el hacinamiento en varios penales del país, las amenazas contra los carceleros y la corrupción dentro de las prisiones— y la consolidación de la política de drogas, puesta en marcha en 2023, que tendrá una vigencia de 10 años, hasta 2033, y para la que se invertirán cerca de 21 billones de dólares. Además, enfrentará cuestiones como la implementación de la jurisdicción agraria, una postergada reforma a la justicia o la difícil relación entre el Ejecutivo y las Altas Cortes.